Alejandro Amor, quien asumió la función en 2014, continuará como Defensor del Pueblo, mientras que los adjuntos designados comenzarán su mandato el próximo 5 de marzo.
En la mañana del viernes se desarrolló una Sesión Especial en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se llevó a cabo la designación del Defensor del Pueblo y los Defensores Adjuntos, quienes comenzarán su mandato el próximo 5 de marzo.
Como Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa Alejandro Amor, quien también se desempeña como presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), procurador y abogado con títulos obtenidos en la Universidad de Buenos Aires.
Los Defensores fueron elegidos por unanimidad por el consenso total de todas las fuerzas políticas de la Ciudad. Los 54 legisladores votaron a favor del nombramiento.
Como Defensores Adjuntos fueron designados Bárbara Bonelli, quien ocupó la lista de diputados porteños por Evolución, mientras que también por el mismo partido continuará en la defensoría Arturo Gonzalo Pozzali. En tanto, completan los nombramientos Carlos Antonio Palmiotti , Silke Mayra Arndt, por el PRO, y la asesora del diputado socialista Roy Cortina, Paula Andrea Streger.
En diciembre se había postergado la sesión debido a la imposibilidad de lograr una lista de consenso entre las distintas fuerzas políticas que confluyen en el Parlamento local. Si bien no había dudas sobre la continuidad de Amor, los legisladores negociaron hasta último momento, sin éxito, los candidatos para ocupar las cinco adjuntías del organismo.
La función de la defensoría es “proteger y defender los derechos humanos, individuales y sociales de los vecinos; supervisar y garantizar que las instituciones y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes vigentes; controlar que las empresas de servicios públicos brinden los servicios de manera adecuada a toda la comunidad y atender las inquietudes de las personas que se sientan afectadas por abusos, negligencias o irregularidades”.
